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La Policía Federal rescató a casi un centenar de personas que eran periódicamente torturadas en un centro de rehabilitación para las adicciones La Policía Federal rescató a casi un centenar de personas que eran periódicamente torturadas en un centro de rehabilitación para las adicciones
La Policía Federal desbarató un centro de rehabilitación para adicciones clandestino que operaba en La Reja y rescató a 87 personas, de las cuales... La Policía Federal rescató a casi un centenar de personas que eran periódicamente torturadas en un centro de rehabilitación para las adicciones
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La Policía Federal desbarató un centro de rehabilitación para adicciones clandestino que operaba en La Reja y rescató a 87 personas, de las cuales 10 son menores de edad, que se encontraban «en situación de vulnerabilidad, privados de libertad y autonomía y con castigos corporales, torturas y ataduras».

Según fuente policiales, la inspección del centro, conocido como «Los Valientes», arrojó «un panorama dantesco y escalofriante», ya que «los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad, encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas residuales en los patios de recreación y baños tapados».

Incluso «se halló un joven menor de edad atado en el interior de un gallinero», detallaron las fuentes. Ninguno de los adolescentes era de Moreno. Venían de zona sur, zona norte, San Martín y Santa fe. Todas familias de bajos recursos.

La abogada Ana Claudia Almeyda, Directora General de Servicios Locales de la Municipalidad de Moreno, contó que en las entrevistas con los internos durante el allanamiento surgió que «había torturas y una lógica de sanciones y castigos físicos como forma de lograr, según les decían, que dejen de ser adictos a las drogas. Había mucho temor tanto entre los adolescentes como en los adultos».

En ese sentido, Almeyda explicó que tenían estructurado «un sistema de cargos y jerarquías; organizados como si fuesen castas. Entre ellos se llamaban hermanos. Los más antiguo ejercían el control de los nuevos, y eran quienes en algunos casos aplicaban sanciones y castigos».

Entre los castigos, los internos contaron que los hacían comer parados, que no podían ir al baño por muchas horas o que los hacían permanecer de pie mirando una pared. Además, recibían golpes y cortes en el cuerpo, falta de ingesta de alimento y agua y hasta eran atados y sumergidos en una pileta de agua.

La cuota mensual, según indicaron algunos internos, era de 600 pesos. «El centro solo compraba arroz, el resto de los alimentos eran donaciones. De hecho, en pleno allanamiento llegaron empanadas donadas», cuenta Almeyda.

Los familiares solo podían verlos cada 21 días y, en esas visitas, debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar para así controlar sus conversaciones.

En el allanamiento, a cargo del fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Moreno–General Rodríguez, fueron detenidos tres hombres como presuntos responsables del centro de rehabilitación clandestino.

El lugar, detallaron las fuentes, «no poseía habilitación para tal fin». Además, los efectivos constataron que «solo tres profesionales acudían para la gran cantidad de pacientes» y que ninguno era «médico o psicólogo».

En el procedimiento se incautaron los teléfonos celulares de los responsables del lugar, una computadora y varias historias clínicas.

De la intervención del complejo también participó personal del Departamento Trata de Personas y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes asistieron a las víctimas.

Tras el operativo, los pacientes dejaron el centro en compañía de sus familias.

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