Esta forma, poco conocida de violencia de género, implica la “asfixia económica” de la mujer por parte de su ex pareja, privándola de todo derecho patrimonial, amparado en muchos casos por la relación entre el poder del dinero y la política, la justicia o las fuerzas policiales.
Un empresario, propietario de cadenas de farmacias en el ámbito bonaerense, varias de las cuales funcionarían a través de testaferros e incluso a nombre de su esposa, pasó virtualmente a la clandestinidad para no «blanquear» su situación patrimonial y dividir sus bienes con su pareja, de la cual está separado desde hace cinco años y a quien había puesto como «prestanombres» de varios comercios, sin que la mujer tuviera acceso a las ganancias de tales empresas.
María Florencia Ledesma, (45, dos hijos) estuvo casada con el empresario Matías Adriel Faerman, encargándose del cuidado y atención de su casa y sus hijos, en la localidad bonaerense de Moreno, donde aún reside.
Según la mujer, la situación de la familia fue escalando y logró ubicarse en una situación acomodada.
El volumen de los negocios de Faerman al parecer tomaron tal relevancia que lo llevaron a que fuera la mujer la que debiera «poner la cara» al frente de una farmacia, debido al volumen de facturación que manejaba el hombre, y a la imposibilidad de poseer más de tres farmacias, conforme ley 10.606, norma que le impidió a Farmacity el desembarco en PBA y que evita el monopolio de dicho sector, lo que intenta evadir con esta conducta el citado.
Tiempo después, Faerman le solicitó la separación a Ledesma y más tarde, el divorcio. Por diversas circunstancias, la mujer tomó conocimiento de que algunas firmas representaban la titularidad de varias farmacias por lo que reclamó algunas utilidades, lo que generó desde el hostigamiento físico y psicológico, hasta el llegar casi al abandono de sus hijos, según la misma damnificada.
La pandemia y la reclusión por la extensa cuarentena que se produjo en 2020 alejó aún más al padre de sus hijos, al parecer originado también por el rechazo de una nueva mujer a los menores, según agregó Ledesma.
La causa está radicada en el Juzgado de Familia número uno de Moreno, a cargo de la doctora María Alejandra Galati.
Consultada una fuente del juzgado, admitió que no sería “inminente” la pronta resolución del caso, dejó entrever que no estaría entre las “prioridades”, y que la jueza tampoco habría tenido “tiempo” material para ordenar las pericias pertinentes, “debido a la pandemia”, sin aclarar demasiado la relación entre ambas situaciones.
Concretamente, la fuente invocó lo difícil de la obtención de la conformación societaria (hecho que rápidamente se consigue en la Inspección General de Justicia) de una de las farmacias que habría sido puesto a nombre de la damnificada –y de hecho sería la única propietaria de ese comercio-, pero a la cual según indicó se le impidió el acceso, incluso por la fuerza, merced al impedimento de algunos empleados.
Esta causa, según especialistas en violencia de género, también tendría derivaciones penales, ya que dentro del marco de lo que constituye tal situación se registrarían además ciertas conductas tipificables como «ocultamiento de bienes (radicados en el exterior), defraudación, instrumentación o evasión de impuestos, que tienen connotaciones penales, y en virtud de todo esto, también, se realizó una denuncia penal», precisaron fuentes cercanas a la causa.
Incluso el denunciado habría profundizado en su anterior familia un «ahogamiento económico», al no pagar alimentos, hasta que se le cortaren los servicios esenciales al domicilio de los menores y la madre, y otras actitudes como obligar a renunciar a la empleada doméstica o la divulgación de fotografías en estado de desnudez a los fines de presionarla para que desistiere de reclamarle.
Todo eso además de haber incumplido con las obligaciones determinadas por la ley 13944 de deberes de asistencia familiar, que a su vez, ante la infracción a esta norma, y si bien son penas excarcelables, el tema es penal, agregaron las fuentes.
El integrante de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de moreno, Ezequiel Freydier, es quien se encuentra a cargo del análisis de la denuncia.
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