El juez de garantía número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, pospuso el desalojo de la toma de Guernica y deberá hacerse entre el 15 y 30 de octubre.
La propuesta del gobernador Axel Kicillof, rechazada en asamblea por tomadores de las tierras, era que las familias que pertenecen a Guernica serían trasladadas a tierras cercanas dentro del municipio de Presidente Perón. El resto, a sus municipios de origen, como el de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y en menor medida de Quilmes y La Matanza. También estaba previsto otorgar subsidios de 50.000 para la compra de un terreno o, para quienes ya tuviesen uno, la construcción de una vivienda.
El ministro Alak fue uno de los primeros en solicitarle al magistrado la nueva prórroga, esta vez hasta el 14 de octubre. Ese tiempo, argumentó, servirá para conseguir el ansiado “desalojo voluntario y pacífico». También explicó que casi 200 familias ya se habían retirado de manera voluntaria al aceptar la propuesta bajada por el Estado provincial. Además, el funcionario le llevó al juez pruebas de los avances que se realizaron, como la contención a las mujeres que sufrieron violencia de género.
En esa misma línea argumental se expresó el ministro Larroque –sobre quien recae el mayor peso de las negociaciones– y la Gremial de abogados, que representan a los dos imputados por las usurpaciones y son la voz cantante del resto de las familias. En cambio, como ya lo viene manifestando, el fiscal Condomí Alcorta volvió a oponerse.
Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, funcionarios del gobierno nacional, emitieron un comunicado dirijido al gobierno de Kicillof: “Desde la UTEP llamamos a encontrar una solución pacífica, dialogada e institucional frente a la toma de Guernica donde miles de familias reclaman por el derecho a tierra para vivir. No impulsamos ni formamos parte de la toma de tierras de Guernica pero sabemos que el desalojo nunca es la respuesta. El déficit habitacional que padecen millones de compatriotas se resuelve con políticas de integración urbana, acceso a la vivienda y lotes con servicios de manera urgente”. “La respuesta del Gobierno no puede ser la misma que daría Macri, Patricia Bullrich y la bonaerense en manos de Vidal. El lunes por la noche un compañero de UTEP fue baleado en la misma localidad por miembros de la policía bonaerense y aun se encuentra en estado delicado internado en terapia intensiva. Ya alertamos sobre este accionar y se hicieron las denuncias correspondientes que se están tratando en la UFI N°1 de Presidente Perón por la causa de homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el uso de arma de fuego y funcionario público”.
El viernes pasado, en las instalaciones del la municipalidad de Presidente Perón, a cargo de Blanca Cantero, se reunieron los intendentes de Almirante Brown (Mariano Cascallares), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), San Vicente (Nicolás Mantegazza), Florencio Varela (Andrés Watson), Ezeiza (Gastón Granados), representantes de Esteban Echeverría y los ministros de Desarrollo de la Comunidad y Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Larroque y Julio Alak.
Juntos analizaron analizaron el problema de la toma, la necesidad de una solución pacífica al conflicto que se generó ante el reclamo de tierra y viviendas y la posibilidad de que la intendencia, con la asistencia de la provincia, compre las tierras para radicar al menos a las 650 familias que usurparon las 100 hectáreas privadas y que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Antes, junto a 14 alcaldes peronistas, se había reunido en la Casa de Gobierno de La Plata el propio gobernador. Allí, entre otros, estuvieron presentes la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el de La Matanza, Fernando Espinoza. Acordaron darle su apoyo y colaborar codo a codo con la alcalde de Presidente Perón.
El domingo pasado, Larroque denunció que los grupos de izquierda impidieron que colaboradores de distintos ministerios ingresaran al predio con insumos para las más de 2.000 familias que acampan allí. Eran 1.000 bidones de agua de 6,25 litros, 2.000 envases de alcohol en gel, 25.000 pañales, 2.000 zapatillas de varios números, 10.000 kilos de alimentos (en bolsones de 10 kg), 4.000 frazadas y 6.000 barbijos.
Los dirigentes de los movimientos sociales aseguraron que la acción de los funcionarios bonaerenses era “extorsiva” y que estaba dirigida a “presionar a las familias” para que dejen la toma.
Larroque opinó bien distinto: «“Hay un sector de la izquierda que no quiere el desalojo pacífico. Se arrogan la representación de las personas que están en la toma y politizaron el conflicto. Nosotros presentamos un plan. Ya lo tiene el juzgado, para llevarlo adelante necesitamos un tiempo prudencial, y ellos de manera irracional no están de acuerdo y tensan la situación”.
-En la toma de Guernica hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc.).
-Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes. De la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad. Es decir que casi el 90% están sin trabajo.
Cuando se los consultó sobre las razones por las cuales ocuparon el predio, respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.
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