La justicia deberá expedirse en los próximos días sobre la validez o no de la cautelar para evitar que la Tabacalera Sarandí se vea perjudicada por la actual reglamentación impositiva, que beneficia a las grandes empresas.
La situación se agravó cuando en 2017 el gobierno de Mauricio Macri promulgó una nueva ley de impuestos internos, que rebajó las alícuotas para las marcas más caras del duopolio y las incrementó para los cigarrillos low cost, al establecer un impuesto mínimo por paquete que se actualiza cuatro veces al año por inflación, un privilegio que pocos sectores consiguieron.
Según un informe revelado el último fin de semana por el periodista Horacio Verbitsky en su portal «El Cohete a la Luna», una de esas empresas, Tabacalera Sarandí, obtuvo una medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley a sus productos hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que es su pedido de inconstitucionalidad de tres artículos de esa ley».
El informe detalla que «luego de un rechazo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió la medida hasta que se dicte la sentencia definitiva, o hasta que se cumplan los seis meses que puede durar una cautelar contra el Estado». La AFIP llegó a la Corte Suprema en queja, luego de que la Cámara rechazara su recurso extraordinario.
Aquí fue donde, según la nota, «el presidente de la Corte dispuso que se solicitara opinión a la Procuración General, y así, a instancias de quien ocupa el cargo en forma interina, Eduardo Casal, la procuradora de derecho público no penal Laura Monti dictaminó que debía rechazarse la cautelar, porque no estaba demostrada la verosimilitud del derecho invocado, lo cual constituye una afirmación subjetiva, ni el peligro en la demora».
A raíz de esta situación, se señala que en breve tiempo la Corte Suprema debería pronunciarse sobre la validez o no de la cautelar para evitar que la Tabacalera Sarandí se vea perjudicada por la actual reglamentación impositiva.
Acerca de la Procuradora, se señala que «Monti favoreció el tarifazo del gas (dictaminando que debía pasar a otro fuero) y el blanqueo de capitales por parte de los familiares del Presidente (negando personería para impugnar el decreto al entonces diputado denunciante Felipe Solá), y concluye que «Rosenkrantz firmó un voto de acuerdo con la opinión de Monti».
Según el informe «la cautelar se dictó contra una medida de la AFIP y del Ministerio de Salud de la Nación, pero en los hechos, la maniobra para voltear a Tabacalera Sarandí es impulsada por los dos gigantes del negocio, que no desean ceder ni un punto de su control oligopólico del mercado y son terceros interesados en el litigio, en apoyo de la AFIP«.
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