Cambiemos también presenta proyecto de alquileres y los inmobiliarios están en alerta

Avanzan proyectos de ley para regular alquileres en la Provincia de Buenos Aires y el sector inmobiliario se mantiene en estado de alerta.

Los proyectos presentados en la Cámara de Diputados provincial tienen por finalidad cambiar la regulación vigente en la relación entre las partes de los contratos de alquiler de vivienda, como así el tratamiento de los costos derivados de la intermediación de las inmobiliarias.

Esta semana ingresó un nuevo proyecto en este sentido desde el bloque oficialista de Cambiemos y que cuenta con la firma del presidente de la Cámara Baja, Manuel Mosca, y de los legisladores Carolina Píparo y Maricel Etchecoin Moro.

La propuesta – según manifiestan – apunta a resolver el déficit habitacional en la Provincia; contaría con el aval de la Gobernación y es aceptada en muchos de los bloques opositores.

El proyecto estipula que en las locaciones de inmuebles no podrán cobrarse comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje. La prohibición se extiende a los honorarios por administración de dichas locaciones. Tampoco podrá requerirse a los inquilinos los costos de gestoría de informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones.

“La inobservancia a estas prohibiciones (cobrarle algo al inquilino o cobrarle de más al propietario) hará pasible al intermediario, la primera vez, de una multa equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto total del contrato y en lo sucesivo ascenderá al doble de la multa inmediatamente anterior que haya abonado el infractor”, está redactado en la iniciativa.

En la Cámara de Diputados ya se había presentado una iniciativa similar con la firma de los diputados Rocío Giaccone y José Ottavis (Peronismo Kirchnerista) y que está ingresada en la comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales, que preside Ricardo Lissalde (Frente Renovador). Los proyectos revisten un carácter similar a la ley de alquileres impulsada en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta desde el Sector Inmobiliario bonaerense

El Presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto, en virtud de los proyectos de ley presentados señaló que “la problemática de los alquileres merece un debate mucho más profundo en el camino de buscar propuestas superadoras que permitan a los inquilinos acercarse a la posibilidad concreta de acceder a ese derecho constitucional que es aspirar al techo propio. Poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo”.

Donsanto explicó también que “los profesionales inmobiliarios están en el marco de una legislación que indica qué pueden hacer, y los Colegios tienen facultades delegadas por el propio Estado establecidas por ley. Cuando un profesional ejerce mala praxis cobrando lo que no tiene que cobrar, el afectado tiene resortes a donde recurrir que son los propios Colegios Departamentales para efectuar la correspondiente denuncia, amén de hacerlo ante otros organismos como la Defensoría del Pueblo”.

Finalmente, Donsanto señaló que “los Colegios no son un órgano gremial en defensa de un legítimo derecho sectorial, somos órganos de ley que actuamos en defensa de la sociedad para que no se vulneren sus garantías” y adelantó que se trabaja en un documento con estadísticas y propuestas para presentar a las autoridades.

San Isidro rechaza los proyectos de ley sobre alquileres

Representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Jurisdicción de San Isidro mantuvieron una audiencia con el vicegobernador de la provincia, Dr. Daniel M. Salvador, quien se comprometió a analizar la problemática y a tomar en cuenta la opinión del sector inmobiliario ante el eventual tratamiento de los proyectos.

Asimismo, los Martilleros de San Isidro en un comunicado solicitaron a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que desestime los proyectos destinados a modificar la ley sobre alquileres. Y sostienen que “en materia tan sensible como es la relación inquilino-propietario y en atención al número de habitantes que comprende, todos debemos opinar para que el legislador de turno comprenda el sentir del pueblo que representa. En esa materia, los representados sólo pretenden el cumplimiento de la norma constitucional que confiere a todos los habitantes de la nación el acceso a una vivienda digna”.

Los Martilleros afirman que “el Congreso Provincial carece de facultades para apartarse de lo que manda la Constitución federal”. Y agregan que “los legisladores deben tener muy presente que el régimen locativo establecido en el Código Civil rige para toda la República. La Legislatura es órgano de gobierno que tiene por misión proponer y sancionar leyes que regulan nuestra convivencia en sociedad”.